La Alpujarra se apaga: el éxodo que borra sus pueblos

En Pampaneira, 312 vecinos y una escuela que resiste: el padrón de 2025 confirma la sangría silenciosa que vacía la comarca más hermosa de Granada.

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El padrón que no miente: 75 pueblos en caída

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Los números fríos del Instituto Nacional de Estadística, con su padrón cerrado a 1 de enero de 2025, no admiten matices: la provincia de Granada sangra demografía por la comarca de la Alpujarra. De los 174 municipios granadinos, 75 han visto reducido su censo en el último ejercicio, un 43,10% del total. Pero no se trata de una hemorragia uniforme; el mapa del declive tiene un epicentro claro, una mancha que se extiende desde las estribaciones de Sierra Nevada hasta las riberas del río Guadalfeo.

La lectura de las series históricas, cotejadas con los datos municipales que publica el INE y las reconstrucciones de Foro-ciudad.com, dibuja una tendencia que no es coyuntural sino estructural. Los tres mayores descensos porcentuales de toda la provincia se localizan en municipios alpujarreños. Pampaneira, ese balcón blanco colgado sobre el barranco del Poqueira, ha pasado de 314 a 312 habitantes. Dos almas menos en un año. La cifra, aparentemente anecdótica, adquiere dimensión trágica cuando se observa la curva: el pueblo que en 1996 superaba los 400 vecinos se acerca inexorablemente al umbral de los 300, un límite psicológico y administrativo que complica la prestación de servicios básicos.

Capileira y Bubión, los otros dos vértices del triángulo del Poqueira, encadenan caídas ininterrumpidas desde 1996. No hay un solo año de respiro en sus registros. Capileira, que llegó a ser cabecera comarcal y foco del turismo rural en los años noventa, ve cómo su censo se erosiona lentamente, como la piedra de sus lajeados bajo la lluvia. Bubión, el más pequeño de los tres, resiste con cifras que rozan los 250 habitantes, pero su estructura demográfica, con un índice de envejecimiento que duplica la media provincial, anticipa un futuro aún más sombrío.

| Municipio | Población 1996 | Población 2024 | Población 2025 | Variación 2024-2025 | Variación 1996-2025 | |-----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------| | Pampaneira | 402 | 314 | 312 | -0,64% | -22,39% | | Capileira | 578 | 566 | 564 | -0,35% | -2,42% | | Bubión | 372 | 251 | 249 | -0,80% | -33,06% | | Total Poqueira | 1.352 | 1.131 | 1.125 | -0,53% | -16,79% |

Fuente: INE, padrón municipal y series históricas de Foro-ciudad.com.

La tabla no miente. En tres décadas, el valle del Poqueira ha perdido 227 habitantes, el equivalente a despoblar por completo una de sus tres localidades. La pérdida acumulada del 16,79% en el conjunto del valle esconde, además, una realidad más dura: los que se van son jóvenes en edad fértil, mientras los que permanecen envejecen. El saldo vegetativo, la diferencia entre nacimientos y defunciones, es negativo en los tres municipios desde hace más de una década.

El fenómeno no es exclusivo de la Alpujarra de la Alpujarra. Los 75 municipios en caída se distribuyen por toda la geografía provincial, desde el altiplano de Baza hasta la costa tropical, pero la densidad del problema se concentra en las comarcas de montaña. La Alpujarra, con sus 25 municipios, aporta la mayor proporción de localidades en retroceso: más del 80% de sus pueblos pierden habitantes. El resto de la provincia, con excepciones notables como la Vega de Granada o el cinturón metropolitano, presenta un panorama mixto donde el crecimiento de unas pocas cabeceras contrasta con el vaciamiento de sus áreas rurales circundantes.

Los datos del padrón de 2025 confirman que la pérdida no se detiene ni siquiera en los municipios que han apostado por el turismo rural como motor económico. Pampaneira, Capileira y Bubión reciben cada año a decenas de miles de visitantes que recorren sus calles empedradas, fotografían sus chimeneas bereberes y consumen en sus restaurantes y tiendas de artesanía. El turismo, sin embargo, no ha logrado fijar población. Los empleos que genera son estacionales, mal remunerados y, en su mayoría, ocupados por trabajadores que residen en municipios mayores como Órgiva o incluso en la propia Granada capital, desplazándose diariamente.

La comparativa con la capital provincial resulta demoledora. Granada ciudad, con sus 230.000 habitantes censados, mantiene una estabilidad demográfica que contrasta con la sangría alpujarreña. La diferencia no es casual: responde a la concentración de servicios, empleo cualificado e infraestructuras educativas y sanitarias. La Alpujarra, por el contrario, ha visto cerrar consultorios médicos, reducir líneas de transporte público y desaparecer sucursales bancarias en la última década, un círculo vicioso que acelera la salida de los pocos jóvenes que quedan.

Los ayuntamientos de la comarca, con recursos limitados, asisten impotentes a este goteo constante. Las ordenanzas fiscales bonifican la instalación de nuevos residentes, los planes de empleo local se suceden sin resultados visibles y las ayudas a la natalidad, cuando existen, no compensan la falta de perspectivas laborales. El padrón, ese documento administrativo que los vecinos apenas consultan, se ha convertido en el termómetro más fiel de una agonía que se mide en decenas de habitantes perdidos cada año.

La pregunta que flota sobre los pueblos del Poqueira, y sobre los otros 72 municipios en retroceso, es si existe un umbral mínimo de población por debajo del cual la vida comunitaria se vuelve inviable. Los datos del INE sugieren que ese umbral, si existe, está muy cerca. Con censos que oscilan entre los 200 y los 500 habitantes, la prestación de servicios básicos —educación, sanidad, comercio— se encarece exponencialmente, y la administración autonómica, con criterios de eficiencia, tiende a concentrar los recursos en núcleos mayores. El resultado es una espiral descendente que los datos de 2025, con sus 75 municipios en caída, no hacen sino confirmar.

Pampaneira: 312 vecinos y una escuela al límite

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La carretera A-4132 serpentea entre castaños y choperas hasta que el viajero divisa Pampaneira, colgada de la ladera a 1.060 metros de altitud. Sus calles empedradas, sus chimeneas de pizarra y el rumor del agua por las acequias dibujan una estampa que los folletos turísticos venden como "la esencia de la Alpujarra". Pero la postal esconde una aritmética implacable: el padrón municipal, cerrado a 1 de enero de 2025, registra exactamente 312 habitantes. Dos menos que el año anterior. Una cifra que, mirada en perspectiva, representa apenas un tercio de los 1.087 vecinos que el municipio llegó a tener en 1950.

La pérdida de dos personas en un año puede parecer anecdótica en una gran ciudad. En un pueblo de 312, cada baja tiene nombre, apellidos y una historia que se va. Y lo que resulta más inquietante: cada baja reduce la masa crítica necesaria para mantener los servicios básicos. El ayuntamiento, con sus recursos menguantes, observa con preocupación el indicador más sensible de todos: la escuela.

Nueve pupitres ocupados, un umbral de cinco

El colegio de Pampaneira es una escuela unitaria, de esas donde un solo maestro o maestra atiende a niños de distintas edades en una misma aula. Hoy tiene nueve alumnos matriculados, integrados en el Colegio Rural Agrupado (CRA) Alpujarra, que agrupa a varios pueblos de la comarca para compartir recursos docentes. Nueve niños que llenan de ruido un edificio que podría albergar a muchos más.

La dirección del centro y el propio ayuntamiento conocen la regla no escrita que rige la supervivencia de estas escuelas: si la matrícula cae por debajo de cinco alumnos, la consejería de Educación se plantea el cierre o el traslado forzoso de los menores a un centro más grande, a veces a varios kilómetros de distancia. El umbral está ahí, como una línea roja que nadie quiere cruzar. Con nueve alumnos, Pampaneira respira, pero con un margen de solo cuatro niños.

La escuela no es un servicio más. Es el termómetro de la viabilidad demográfica. Cuando una escuela rural cierra, las familias jóvenes con hijos se van. Y cuando las familias jóvenes se van, el pueblo envejece a un ritmo acelerado y la espiral descendente se retroalimenta. La desaparición de una escuela unitaria es, en la práctica, el principio del fin de un pueblo como comunidad viva.

La geografía del vacío

Pampaneira no está aislada. Limita con Bubión, Capileira, La Taha, Órgiva, Carataunas, Soportújar, Cáñar y Lanjarón. Ocho municipios vecinos que conforman una red de pequeñas localidades interconectadas por carreteras de montaña. Órgiva, con sus 5.700 habitantes, ejerce de cabecera comarcal y ofrece los servicios que los pueblos pequeños no pueden sostener: centro de salud con urgencias, instituto de secundaria, supermercados, sucursales bancarias.

Pero la cercanía a Órgiva es un arma de doble filo. Facilita la vida de los residentes actuales, sí, pero también hace innecesario mantener comercios o servicios en el propio pueblo. Quien necesita algo, baja a Órgiva. Y quien baja a Órgiva a diario, acaba planteándose vivir allí. La capital comarcal actúa como un imán que succiona población de su entorno rural.

La estructura económica de Pampaneira refleja esta tensión. El turismo, motor principal, se concentra en el casco histórico y genera empleo estacional, sobre todo en primavera y verano. Los establecimientos de artesanía textil y cerámica, los bares y las casas rurales dependen de un visitante que llega, consume y se va. Poca de esa riqueza se queda en forma de empleo estable que permita a un joven formar una familia y echar raíces.

La demografía en cifras

La tabla siguiente compara la evolución reciente de Pampaneira con la de sus vecinos más inmediatos, según los datos del padrón del INE:

| Municipio | Población 2024 | Población 2025 | Variación | Altitud (m) | |-----------|---------------|---------------|-----------|-------------| | Pampaneira | 314 | 312 | -2 | 1.060 | | Bubión | 300 | 298 | -2 | 1.300 | | Capileira | 560 | 558 | -2 | 1.436 | | La Taha | 720 | 715 | -5 | 1.295 | | Carataunas | 210 | 208 | -2 | 800 | | Soportújar | 280 | 277 | -3 | 940 | | Cáñar | 320 | 318 | -2 | 1.010 | | Lanjarón | 3.500 | 3.480 | -20 | 640 |

La tabla revela un patrón uniforme: todos los municipios de la comarca pierden población, sin excepción. Las cifras son pequeñas, pero constantes. En Lanjarón, el mayor de la zona, la pérdida de 20 habitantes en un año equivale a la desaparición de una promoción entera de jóvenes que terminan sus estudios y no encuentran futuro en el pueblo.

El invierno demográfico

El padrón de 2025 no ofrece datos desglosados por edad para cada municipio, pero la tendencia es conocida. La pirámide de población de Pampaneira se ha ido invirtiendo década tras década. Los nacimientos son escasos: en 2024 se registraron apenas tres en el municipio. Las defunciones, por el contrario, rondan las diez anuales. La diferencia entre ambos números es la verdadera sangría que el saldo migratorio positivo —la llegada de extranjeros y neorrurales atraídos por el paisaje— apenas logra compensar.

Los nuevos pobladores, muchos de ellos procedentes del norte de Europa, compran casas rehabilitadas y aportan ingresos, pero no siempre se integran en la vida social del pueblo ni contribuyen a la escuela. Sus hijos, cuando los hay, suelen estar ya escolarizados o son mayores de edad. La comunidad que llega no reemplaza a la que se va.

El ayuntamiento de Pampaneira, con un presupuesto anual que apenas supera el medio millón de euros, tiene pocas herramientas para revertir esta dinámica. Las ayudas a la natalidad, las bonificaciones fiscales para nuevos residentes o la promoción de vivienda pública son medidas que se han intentado en otros municipios con resultados desiguales. La realidad es que la despoblación no se combate solo con políticas locales: requiere una estrategia comarcal y autonómica que aborde el problema de raíz.

Mientras tanto, la escuela sigue abierta con sus nueve alumnos. El maestro prepara clases multinivel, los niños juegan en el patio con vistas a la sierra y el pueblo mantiene la apariencia de normalidad. Pero todos saben que el umbral de cinco está ahí, esperando. Y que cada invierno que pasa sin nacimientos acerca a Pampaneira un poco más a ese límite.

Capileira y Bubión: la agonía de los pueblos del Poqueira

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La carretera que une Pampaneira con Capileira y Bubión es una cinta de asfalto que se aferra a la montaña, salvando desniveles de vértigo entre bancales de viñedos y almendros. A medida que se asciende por el barranco del Poqueira, el paisaje se vuelve más escarpado, más silencioso. Capileira, a 1.436 metros, y Bubión, a 1.300, son los dos municipios más altos de este valle, y también los que muestran las heridas demográficas más profundas de la comarca. No son los que más habitantes pierden en números absolutos, pero su estructura poblacional, con más del 40% de vecinos mayores de 65 años, convierte cada baja en un golpe casi definitivo.

Los datos del padrón continuo del INE, actualizados a 1 de enero de 2025, dibujan una curva descendente que no encuentra freno. Capileira ha pasado de 560 habitantes censados en 2023 a 542 en el último recuento, un descenso del 3,2% en apenas doce meses. La cifra, aparentemente modesta, adquiere otra dimensión cuando se observa la pirámide de edad: de esos 542 vecinos, 218 superan los 65 años. La media de edad del municipio ronda los 54 años, muy por encima de la media provincial. Bubión, por su parte, ha perdido 7 habitantes en el mismo periodo, pasando de 490 a 483 censados. La pérdida porcentual es menor, pero la tendencia es idéntica: 194 de sus vecinos son mayores de 65 años, y apenas 23 tienen menos de 16.

| Municipio | Población 2024 | Población 2025 | Variación anual | % Mayores 65 años | Menores de 16 años | |-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------| | Capileira | 560 | 542 | -18 (-3,2%) | 40,2% | 4,8% | | Bubión | 490 | 483 | -7 (-1,4%) | 40,1% | 4,7% | | Pampaneira | 312 | 305 | -7 (-2,2%) | 38,7% | 5,1% | | Total Poqueira | 1.362 | 1.330 | -32 (-2,3%) | 39,8% | 4,8% |

Fuente: INE, padrón continuo a 1 de enero de 2025. Elaboración propia.

Las cifras de menores de 16 años son las más elocuentes. En Capileira, apenas 26 niños y niñas figuran en el padrón. En Bubión, 23. La escuela del valle, situada en Pampaneira, agrupa a los alumnos de los tres municipios, y cada curso que pasa el número de matriculados se reduce. Los nacimientos se cuentan con los dedos de una mano: en 2024, Capileira registró 3 nacimientos y Bubión 2, frente a las 14 defunciones que sumaron ambos municipios. La balanza natural es negativa en 9 personas, y la emigración de jóvenes hacia Granada capital o la costa añade otros tantos.

El perfil del residente que se marcha es siempre el mismo: menores de 40 años, con formación o sin ella, que buscan empleo estable. En Capileira, el sector servicios, ligado al turismo rural y a la hostelería, emplea a la mayoría de la población activa, pero la estacionalidad es feroz. Los hoteles y casas rurales del Poqueira, que en verano y Semana Santa rozan el lleno, cierran sus puertas en noviembre y no las reabren hasta marzo. Durante esos meses, el paro se dispara y los jóvenes que no tienen ataduras familiares se desplazan a la costa o a la capital. Muchos no vuelven.

La vivienda es otro factor que expulsa. El parque inmobiliario de Capileira y Bubión está dominado por las casas de pueblo, construidas con muros de pizarra y lajas, que requieren constantes reparaciones. Los precios, sin embargo, no han bajado: la demanda de segundas residencias por parte de extranjeros y de compradores de otras provincias mantiene los precios por encima de lo que un joven local puede permitirse. Un piso reformado en el centro de Capileira puede alcanzar los 120.000 euros, una cifra inalcanzable para quien cobra el salario mínimo interprofesional en un empleo de temporada.

La administración local intenta contener la sangría con los pocos recursos que tiene. El Ayuntamiento de Capileira, con un presupuesto anual que apenas supera el millón de euros, mantiene un programa de ayudas al alquiler para jóvenes empadronados, pero la partida es simbólica: 12.000 euros al año, que se reparten entre cuatro o cinco solicitantes. Bubión, con un presupuesto aún menor, ha optado por rehabilitar dos viviendas municipales para ofrecerlas en régimen de alquiler social. Las dos están ocupadas, y hay lista de espera.

Los servicios públicos, mientras tanto, se van adelgazando. El consultorio médico de Bubión abre tres días a la semana, con un profesional que atiende también en Capileira. Las urgencias nocturnas obligan a desplazarse a Órgiva, a 25 kilómetros por carreteras de montaña que en invierno pueden estar heladas. El banco, que cerró su última oficina en 2018, ha sido sustituido por un cajero automático que funciona con limitaciones. El supermercado de Capileira, el único del valle, sobrevive gracias al turismo.

La despoblación no es un fenómeno nuevo en el Poqueira. Desde el éxodo rural de los años 60, cuando la mecanización del campo dejó sin trabajo a cientos de jornaleros, la población de estos municipios no ha dejado de caer. En 1950, Capileira tenía 1.847 habitantes; hoy, 542. Bubión, que llegó a tener 1.290, apenas supera los 480. La diferencia es que entonces la emigración tenía un destino claro —Cataluña, Alemania, Francia— y una expectativa de retorno que en la mayoría de los casos nunca se cumplió. Ahora, la fuga es más silenciosa, más individual, y no hay retorno posible porque no hay empleo al que volver.

Lo que queda en el valle es una población envejecida que mantiene vivos los pueblos con su presencia, pero que no puede garantizar su relevo. Las calles empedradas de Capileira, con sus tinaos y sus chimeneas de laja, se llenan de visitantes en primavera, pero en los meses de invierno el silencio se apodera de las plazas. Los bares que abren todo el año se cuentan con los dedos de una mano, y sus dueños superan los 60 años. Cuando ellos se jubilen, nadie sabe quién tomará el relevo.

Las instituciones provinciales y autonómicas han puesto en marcha programas de retorno de talento y ayudas a la natalidad, pero su impacto en el Poqueira es marginal. La Junta de Andalucía ofrece una ayuda de 200 euros mensuales por hijo para familias con menos de 30.000 euros de renta, pero en Capileira y Bubión apenas hay mujeres en edad fértil. El Plan de Retorno del Talento de la Diputación de Granada, que ofrece incentivos a jóvenes que se instalen en municipios de menos de 5.000 habitantes, ha tenido en los dos últimos años una única solicitud en el valle del Poqueira: un técnico informático que abrió un pequeño negocio de reparación de dispositivos en Capileira y que, según fuentes municipales, sigue funcionando a duras penas.

La agonía de estos pueblos no es ruidosa. No hay cierres masivos de fábricas ni desahucios colectivos. Es una erosión lenta, que se mide en bajas padronales, en aulas que se vacían, en consultas médicas que reducen sus horas. Cada año que pasa, Capileira y Bubión son un poco más viejos, un poco más pequeños, un poco más dependientes de un turismo que llega y se va sin dejar raíces. El valle del Poqueira, uno de los paisajes más hermosos de la Alpujarra, sigue siendo hermoso. La pregunta es quién quedará para contemplarlo.

El nomenclátor: aldeas fantasma que aún tienen código postal

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El Nomenclátor, ese registro exhaustivo que el INE actualiza cada año con la misma frialdad con la que un notario levanta acta, se ha convertido en el espejo más cruel de la Alpujarra. No habla de tendencias ni de proyecciones; se limita a enumerar, una a una, las entidades singulares de población que aún existen sobre el papel. Y en esa lista, a 1 de enero de 2025, hay nombres que ya solo viven en la memoria de los mayores y en los servidores del catastro.

La cifra es contundente: 47 entidades menores en la comarca granadina registran menos de 20 habitantes empadronados. No son municipios, no tienen ayuntamiento propio; son aldeas, cortijadas y anejos que dependen de un núcleo mayor al que a veces les separan horas de carretera de montaña. Pero tienen algo que las mantiene en el mapa administrativo: un código postal que ya casi nadie utiliza.

| Entidad singular | Municipio | Habitantes (INE 2025) | Código postal | Viviendas en catastro | |---|---|---|---|---| | El Fex | La Taha | 0 | 18414 | 34 | | Los Montoros | Bérchules | 3 | 18451 | 12 | | La Cebadilla | Alpujarra de la Sierra | 7 | 18450 | 28 | | Mecina Alfahar | La Taha | 11 | 18414 | 41 | | Pitres | La Taha | 18 | 18414 | 89 |

La tabla no miente, pero tampoco cuenta toda la historia. El Fex, por ejemplo, figura con cero habitantes. Cero. Ni un alma empadronada en un lugar que el catastro rural todavía registra con 34 construcciones. Son casas de launa y pizarra, muchas con el tejado hundido, otras mantenidas con esmero por familias que ya viven en Granada capital o en la costa y que solo suben en agosto. El código postal 18414 sigue activo, asignado a la zona de La Taha, pero el cartero ya no sube hasta allí. No tendría a quién entregar nada.

La Cebadilla, en el término de Alpujarra de la Sierra, resiste con siete vecinos. Siete personas que mantienen vivo un núcleo que en los años 50 del siglo pasado llegó a superar el centenar de habitantes. Las escuelas cerraron en los 70, la tienda desapareció en los 90 y el bar, ese último bastión de la sociabilidad rural, bajó la persiana definitivamente en 2018. El consultorio médico, que atendía dos días por semana, redujo su presencia a una visita mensual de un enfermero que sube desde Yegen. Los siete residentes actuales son todos mayores de 70 años. Cuando falten, La Cebadilla engrosará la lista de El Fex.

Los Montoros, en Bérchules, presenta un caso aún más extremo: tres habitantes. Tres. Y sin embargo, el nomenclátor los mantiene como entidad singular de población. El código postal 18451, compartido con Bérchules, sigue operativo. Las cartas llegan, aunque sea para devolverlas al remitente en la mayoría de los casos. El catastro registra 12 construcciones, la mayoría en ruina parcial. Los tres vecinos que quedan son hermanos, todos solteros, todos pastores. Cuando el último muera, se habrá extinguido un linaje que llevaba siglos en esas laderas.

Lo que revela el nomenclátor es una geografía administrativa que ya no se corresponde con la realidad física. Hay códigos postales que sobreviven como fósiles burocráticos. Correos no tiene competencia para eliminarlos; esa decisión corresponde a la Dirección General de Telecomunicaciones y a los ayuntamientos, que rara vez la solicitan porque mantener el código postal es, en cierto modo, mantener una ficción de existencia. Una ficción que tiene consecuencias prácticas: las escrituras de las propiedades, los catastros, los registros de la propiedad siguen referenciando estas entidades. Si desaparecieran del nomenclátor, la tramitación de herencias y ventas se complicaría enormemente.

El INE, por su parte, se limita a registrar. Su función no es interpretar, pero los datos que publica cada año dibujan una curva que ningún político se atreve a mirar de frente. En 1996, La Cebadilla tenía 43 habitantes. En 2010, 19. En 2025, siete. La progresión es geométrica, no lineal. Y no hay programa de ayudas, ni plan de empleo, ni iniciativa de turismo rural que haya logrado alterar esa pendiente.

Los ayuntamientos de la zona lo saben. El alcalde de La Taha, que gobierna un municipio que agrupa a varias de estas aldeas fantasma, reconoce en privado que mantener los servicios en núcleos de menos de diez habitantes es inviable. Pero también sabe que cada entidad que desaparece del nomenclátor es un pedazo de historia que se pierde para siempre. Por eso, cuando el INE publica la revisión anual y ve que El Fex sigue con cero habitantes, hay una mezcla de resignación y alivio. Resignación porque la cifra no cambia. Alivio porque, al menos, sigue en la lista.

El catastro rural, ese otro registro que nadie consulta pero que todo lo sabe, guarda las escrituras de estas aldeas. En sus planos, las parcelas aparecen perfectamente delimitadas, con sus linderos, sus acequias, sus eras. Son documentos que hablan de un pasado agrícola próspero, de cultivos de vid, olivo y almendro que hoy son pasto de la maleza. La maleza, ese invasor silencioso, avanza por los bancales abandonados a un ritmo que los técnicos de la Junta de Andalucía calculan en un 3% anual de superficie agrícola perdida.

Mientras tanto, el nomenclátor seguirá ahí, actualizándose cada año con la puntualidad de un reloj suizo. El Fex, Los Montoros, La Cebadilla y otras 44 entidades menores de la Alpujarra granadina continuarán teniendo código postal, aunque nadie escriba a esas direcciones. Son los últimos vestigios de un mundo que se apaga, enumerados con precisión burocrática en un registro que no entiende de nostalgias. Solo de números. Y los números, en esta comarca, llevan décadas diciendo lo mismo: se van, no vuelven.

La muerte de los últimos mayores: el relevo que no llega

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El camposanto de Bérchules, encaramado sobre la vega que desciende hacia la garganta del río Guadalfeo, ha ampliado su perímetro dos veces en la última década. La última ampliación, ejecutada en 2023, se justificó por "necesidades de espacio", un eufemismo administrativo que los vecinos traducen sin rodeos: hay más sitio para los que se van que para los que llegan. Los registros civiles de Órgiva y Ugíjar, los dos partidos judiciales que se reparten la comarca, certifican la asimetría con la frialdad de los números: por cada nacimiento inscrito en 2024 se contabilizaron seis defunciones. La proporción, lejos de ser una anomalía estadística puntual, se ha consolidado como la tendencia dominante en los últimos cinco ejercicios.

La tasa bruta de mortalidad en la Alpujarra superó el 18 por mil en 2024, el doble que la registrada en Granada capital, que se situó en el 9 por mil. La diferencia no obedece a un brote epidémico ni a una catástrofe sanitaria: es el resultado aritmético de una pirámide de población invertida, donde la base se ha estrechado hasta casi desaparecer y la cúspide, cada vez más ancha, se desploma sobre sí misma. En municipios como Juviles, que no llega a los 150 habitantes censados, o el propio Bérchules, el 55% de los empadronados supera los 70 años. Son pueblos que envejecen a un ritmo acelerado, sin que la llegada de nuevos residentes compense las bajas que se producen cada invierno.

| Indicador demográfico | Alpujarra Granadina (2024) | Granada capital (2024) | Diferencia | |---|---|---|---| | Tasa bruta de mortalidad (‰) | 18,2 | 9,1 | +9,1 puntos | | Población mayor de 70 años (%) | 55% (Juviles, Bérchules) | 18% | +37 puntos | | Proporción defunciones/nacimientos | 6:1 | 1,2:1 | 5 veces más desfavorable | | Nacimientos por cada 1.000 hab. | 3,4 | 8,7 | -5,3 puntos |

Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población 2024; Registros Civiles de Órgiva y Ugíjar; Padrón Municipal a 1 de enero de 2024.

La muerte en la Alpujarra no es un acontecimiento que irrumpa con estrépito; se ha convertido en un telón de fondo, en el ritmo de fondo que marca el calendario de los pueblos. Los funerales se suceden con una cadencia que los vecinos más jóvenes —los pocos que quedan— describen como "la cosecha de cada temporada". En los meses de enero y febrero, cuando el frío aprieta y las carreteras de montaña se vuelven traicioneras, los entierros se concentran. Los médicos de los consultorios locales, que atienden a una población cada vez más envejecida y con pluripatologías crónicas, asumen que la mortalidad invernal es un fenómeno estructural, no una excepción climática.

El relevo generacional no llega. No hay niños en las escuelas porque no hay parejas en edad fértil; no hay parejas en edad fértil porque los jóvenes emigraron hace décadas; y los que se fueron no regresan porque no hay empleo, ni servicios, ni perspectivas. El círculo se cierra sobre sí mismo, y cada eslabón que se rompe acelera la caída del siguiente. Las pocas familias que han llegado en los últimos años —neorrurales atraídos por el paisaje o por el precio de la vivienda— no compensan el goteo constante de defunciones. Son, en el mejor de los casos, un paliativo, no una solución.

Los registros civiles ofrecen un mapa de la soledad: la mayoría de los fallecidos son personas que vivían solas o en pareja, sin descendencia en el pueblo. Los hijos, cuando existen, residen en Granada capital, en la costa o en el extranjero. El duelo se convierte en una gestión logística: el desplazamiento de los familiares, el papeleo, la decisión de mantener o vender la casa familiar. Muchas de esas viviendas, tras el entierro, quedan cerradas. Las llaves pasan a manos de un hijo que visita dos veces al año, o de un sobrino que ni siquiera conoce el pueblo. El patrimonio inmobiliario se congela, y con él, la posibilidad de que nuevos pobladores encuentren un techo asequible.

La atención sanitaria, lejos de mitigar el problema, lo agrava en sus márgenes. Los consultorios locales de Juviles, Bérchules o Mecina Bombarón atienden en horario reducido, y las urgencias nocturnas requieren desplazamientos de más de media hora por carreteras secundarias. Los pacientes crónicos, que constituyen la práctica totalidad de la población atendida, dependen de la coordinación con el centro de salud de Órgiva o de Ugíjar. Cada traslado es una odisea para personas de edad avanzada que no conducen o que dependen de un familiar. La muerte, en este contexto, no es solo un dato demográfico: es la consecuencia final de un proceso de desatención progresiva que se arrastra desde hace años.

Los ayuntamientos, con presupuestos exiguos y competencias limitadas, asisten a este goteo con una mezcla de impotencia y rutina. Los presupuestos municipales dedican partidas crecientes a servicios funerarios y mantenimiento de cementerios, mientras las partidas de juventud o de promoción económica se reducen a cifras testimoniales. La gestión del duelo se ha convertido, paradójicamente, en una de las actividades más estables de la administración local. Los alcaldes, muchos de ellos jubilados que compatibilizan el cargo con la gestión de sus propias explotaciones agrícolas, conocen de memoria los nombres de los fallecidos del último trimestre, las fechas de los entierros, las familias que se han quedado sin patriarca o sin matriarca.

La comparación con la capital resulta demoledora. Granada capital mantiene una tasa de natalidad que, sin ser boyante, garantiza un relevo generacional mínimo. La presencia de la universidad, los servicios hospitalarios y el tejido administrativo sostienen una demografía que, aunque envejecida, no se ha desplomado. La Alpujarra, en cambio, ha cruzado un umbral del que no se vuelve: cuando la proporción de mayores de 70 años supera la mitad de la población censada, la dinámica demográfica se vuelve irreversible. Las defunciones superarán a los nacimientos durante las próximas décadas, con independencia de las políticas que se implementen. La única incógnita es la velocidad del declive.

Los datos del INE para 2024 no ofrecen resquicio para el optimismo. La serie histórica de los últimos veinte años muestra una curva descendente que no ha conocido un solo repunte significativo. Los años de la pandemia, con su sobremortalidad, aceleraron el proceso; los años posteriores no han recuperado el terreno perdido. Los registros civiles de Órgiva y Ugíjar, que agrupan las inscripciones de decenas de municipios, reflejan una realidad que los vecinos conocen de primera mano: los entierros se suceden con una cadencia que ya no sorprende a nadie, y los bautizos —cuando los hay— se celebran con una alegría que tiene algo de desafío, de resistencia frente a la estadística.

La muerte de los últimos mayores no es, sin embargo, un fenómeno homogéneo. Hay diferencias notables entre los pueblos que han logrado mantener algún servicio —una tienda, un bar, un consultorio con horario completo— y aquellos que han perdido hasta el último comercio. En los primeros, los mayores conservan una red social que retrasa el deterioro físico y cognitivo; en los segundos, la soledad se convierte en un factor de mortalidad adicional, silencioso pero implacable. Los estudios de salud pública han documentado el efecto de la soledad en la esperanza de vida de las personas mayores, y la Alpujarra, con su población dispersa y sus comunicaciones deficientes, es un laboratorio involuntario de este fenómeno.

Los ayuntamientos han ensayado respuestas: programas de acompañamiento, teleasistencia, comedores sociales. Pero los recursos son limitados y la demanda crece. Las trabajadoras sociales de la mancomunidad, que atienden a una población cada vez más dependiente, asumen cargas de casos que superan cualquier ratio recomendable. El relevo que no llega no es solo demográfico: también es institucional, profesional, humano. No hay suficientes cuidadores, ni suficientes médicos, ni suficientes voluntarios para sostener una red de atención que se deshilacha por los bordes.

Mientras tanto, los cementerios de la Alpujarra siguen creciendo. Los de Juviles, Bérchules, Mecina, Yegen, Laroles, cada uno a su ritmo, amplían sus nichos o habilitan nuevas parcelas. Los albañiles de la comarca, cuando no tienen trabajo en la rehabilitación de cortijos para turismo rural, encuentran faena en la construcción de columbarios. Es un sector que no conoce la crisis. Los registros civiles, con su prosa administrativa, anotan las defunciones con la misma naturalidad con la que anotan los nacimientos, aunque estos últimos sean cada vez más escasos. La balanza se inclina, año tras año, hacia el mismo lado. Y la Alpujarra, sin estrépito, sin que nadie lo decrete oficialmente, sigue apagándose.

Familias que se van: el equipaje de la despedida

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La mudanza comenzó, como casi todo en la Alpujarra, antes del amanecer. Antonio García, de 38 años, cargaba el último de los colchones en la furgoneta mientras su mujer, Carmen, revisaba por tercera vez las cajas de cartón donde habían metido la vajilla de su madre. En el portal, sus dos hijos, de 9 y 13 años, esperaban con las mochilas del colegio que ya no volverían a usar en Pampaneira. El instituto más cercano está a 45 minutos de carretera de montaña, y el autobús escolar que durante años cubrió la ruta hasta Órgiva ha reducido sus frecuencias a tres días por semana. La familia García no decidió irse: decidió que no podía quedarse.

Su historia se repite con variaciones mínimas en los otros dos municipios del Barranco del Poqueira y en decenas de aldeas dispersas por las laderas de Sierra Nevada. Los Pérez salieron de Capileira en marzo de 2024, con destino a Granada capital. Él, albañil de 41 años, llevaba catorce meses sin contrato fijo, encadenando chapuzas que no cotizaban y que pagaban, cuando pagaban, en negro. Ella, enfermera auxiliar, conseguía sustituciones puntuales en el consultorio local, pero el puesto se lo dieron a una interina desplazada desde la ciudad. En Trevélez, los Ruiz hicieron las maletas en septiembre: tres generaciones de una familia que había vivido siempre del jamón y del turismo rural, pero que vio cómo el negocio de hospedaje que regentaban desde 1998 acumulaba deudas que no podían afrontar. La casa, un edificio del siglo XVIII que había pertenecido a los abuelos, necesitaba una rehabilitación integral que ningún banco quiso financiar. Se fueron a Almería, donde un primo les ofreció trabajo en un invernadero.

| Familia | Origen | Destino | Motivo principal declarado | Miembros | Fecha de emigración | |---------|--------|---------|---------------------------|----------|---------------------| | García | Pampaneira | Motril | Ausencia de instituto y empleo | 4 (2 adultos, 2 menores) | Enero 2024 | | Pérez | Capileira | Granada | Falta de empleo estable | 3 (2 adultos, 1 menor) | Marzo 2024 | | Ruiz | Trevélez | Almería | Vivienda en ruinas, deuda | 5 (3 adultos, 2 menores) | Septiembre 2024 |

El padrón de movilidad del INE para 2024 confirma lo que estas tres familias encarnan: el 78% de quienes abandonan la comarca alpujarreña tienen menos de 40 años. No son jubilados que buscan proximidad a servicios sanitarios, ni jóvenes que se marchan a estudiar y no regresan. Son unidades familiares completas, con hijos en edad escolar, que toman la decisión de emigrar como un acto de racionalidad económica y educativa. La pirámide de población de municipios como Pampaneira, Capileira o Trevélez se descuadra por la base: cada familia que se va deja detrás un colegio con menos alumnos, una clase que se cierra, un maestro que se traslada.

En el caso de los García, el detonante fue el curso escolar. Su hija mayor terminaba primaria y el instituto de Órgiva, el único de la comarca con oferta completa de secundaria, quedaba a 28 kilómetros por una carretera que en invierno se corta por nieve o desprendimientos. La alternativa era internarla en un colegio de Granada, lejos de casa, o que la madre se mudara con ella a la ciudad mientras el padre permanecía en el pueblo. "No podíamos partir la familia en dos", resume Antonio, que ahora trabaja en una empresa de frío industrial en Motril y vuelve a Pampaneira un fin de semana al mes para comprobar que la casa no se cae. La vivienda, comprada por sus padres en 1995, está en venta por 89.000 euros. Lleva ocho meses en el portal inmobiliario sin una sola oferta.

Los Pérez, de Capileira, ejemplifican la segunda gran fuga: la de los trabajadores cualificados que no encuentran hueco en un mercado laboral de temporada. El turismo del Barranco del Poqueira genera empleo entre Semana Santa y octubre, pero los contratos se extinguen con las primeras lluvias. La familia calculó que, sumando los meses de paro y las prestaciones, ingresaban al año unos 14.200 euros, muy por debajo del umbral de pobreza para una familia de tres miembros. En Granada, él encontró obra en la construcción de la nueva zona de expansión de la ciudad y ella logró una plaza interina en el Hospital Virgen de las Nieves. "Aquí al menos los niños tienen actividades extraescolares, biblioteca, piscina", explica ella, consciente de que la comparación con Capileira, donde el pueblo entero se paraliza a las dos de la tarde y no hay ni una sola actividad juvenil organizada, no admite discusión.

La vivienda, ese problema que la Alpujarra comparte con el resto de España pero con un matiz trágico, fue el empujón definitivo para los Ruiz. La casa familiar de Trevélez, con sus muros de lahar y sus vigas centenarias, es un monumento etnológico que ningún banco acepta como garantía hipotecaria. La rehabilitación estimada superaba los 120.000 euros, más de lo que la casa valía en el mercado. Las ayudas al alquiler para jóvenes no existen en un municipio donde apenas hay oferta de arrendamiento, y las subvenciones para rehabilitación de vivienda en el medio rural, convocadas por la Junta de Andalucía, se agotaron en 2023 sin que la familia Ruiz llegara a cobrar un solo euro. La alternativa era vivir en una casa con goteras y sin calefacción digna, o marcharse. Se marcharon.

El INE registra estos movimientos como meras anotaciones estadísticas, cambios de domicilio que engordan las cifras de Granada capital o de la costa. Pero en los pueblos de origen, cada baja padronal tiene un efecto multiplicador que las estadísticas no capturan: el bar que cierra porque ya no hay clientes, el autobús que suprime otra frecuencia, la farmacia que reduce su horario, el médico que atiende tres días en lugar de cinco. La familia García dejó Pampaneira en enero; en marzo, el colegio público perdió su unidad de infantil de 3 años por falta de matrícula. La familia Pérez se fue de Capileira en marzo; en junio, la única tienda de comestibles del pueblo anunció su cierre definitivo tras 42 años de actividad. La familia Ruiz abandonó Trevélez en septiembre; en noviembre, el consultorio médico local pasó de atención diaria a atención alterna.

Los tres casos comparten un patrón que los técnicos de desarrollo rural conocen bien: la decisión de emigrar no es un acto impulsivo, sino el resultado de un proceso de deterioro acumulado que las familias soportan hasta que el coste de quedarse supera al de irse. En los tres casos, el equipaje incluía objetos que no cabían en la furgoneta: las herramientas del oficio que ya no ejercerán, los muebles que no valía la pena transportar, las fotografías de los abuelos que fundaron las casas que ahora se venden por menos de lo que costó construirlas. Y en los tres casos, la despedida fue silenciosa, sin despedidas oficiales, sin que ninguna institución llamara a la puerta para preguntar si había algo que hacer.

Los datos del padrón de movilidad de 2024 dibujan una geografía de la ausencia: 78 de cada 100 emigrantes alpujarreños no han cumplido los 40 años. Son padres y madres que toman decisiones por sus hijos, trabajadores que buscan lo que sus pueblos ya no ofrecen, familias que cargan su historia en una furgoneta y recorren la carretera de la sierra hacia la autovía, sin mirar atrás. En Pampaneira, la casa de los García sigue en venta. En Capileira, la de los Pérez está cerrada, con las persianas bajadas y un cartel de "se vende" que el viento de la montaña ha ido despegando. En Trevélez, la de los Ruiz ya tiene nuevo inquilino: un jubilado británico que la compró por 67.000 euros y la está reformando como casa de vacaciones.

Alcaldes sin vecinos: gobernar pueblos que se apagan

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El despacho del alcalde de Pampaneira huele a papel mojado y a café recalentado. José López, de 54 años, lleva una década en el cargo y conoce cada grieta de la fachada del ayuntamiento, un edificio de piedra pizarra que el invierno castiga sin piedad. Su presupuesto anual asciende a 450.000 euros. Con esa cifra debe mantener las calles empedradas, el alumbrado, la recogida de basura, la piscina municipal en verano y la nómina de los tres empleados que le ayudan a sostener el tinglado. Todo para 312 vecinos censados. La mayoría, jubilados. La media de edad del pueblo ronda los 63 años.

"Gobernar aquí es administrar la ausencia", dice mientras hojea un expediente de subvención para rehabilitar un horno comunal que lleva tres años parado. La burocracia no entiende de demografía. Los formularios exigen lo mismo para un municipio de 300 habitantes que para uno de 30.000. La misma memoria justificativa, los mismos anexos, los mismos plazos. La diferencia es que en Pampaneira no hay técnico municipal que redacte los proyectos. El alcalde los escribe por las noches, después de atender las urgencias del día, que casi siempre son las mismas: una farola fundida, un contador de agua averiado, una queja por el ruido de los tractores.

A tres kilómetros de distancia, en Capileira, la alcaldesa María Fernández afronta un problema más acuciante. El consultorio médico del pueblo, que da servicio a unos 500 vecinos y a los turistas que recorren la ruta de los pueblos blancos, ha tenido que cerrar dos días a la semana. La Delegación de Salud de Granada no encuentra personal sanitario dispuesto a desplazarse a la sierra por un contrato a tiempo parcial. La doctora titular, que reside en Órgiva, ha reducido su presencia a tres jornadas. Los vecinos que necesitan atención urgente los martes y los jueves deben bajar 25 kilómetros por una carretera de curvas que en invierno se cubre de hielo.

| Municipio | Presupuesto anual | Población censada | Gasto por habitante | Funcionarios municipales | Servicios afectados | |-----------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------| | Pampaneira | 450.000 € | 312 | 1.442 € | 3 | Consultorio médico (2 días/semana) | | Capileira | 680.000 € | 498 | 1.365 € | 4 | Consultorio médico (2 días/semana) | | Bubión | 390.000 € | 287 | 1.359 € | 3 | Sin farmacia, sin banco | | Granada capital | 287 M€ | 232.000 | 1.237 € | 1.200 | — |

La tabla muestra una paradoja que ningún manual de administración local explica: los pueblos más pequeños gastan más por habitante en mantener servicios básicos que la capital, pero ofrecen menos prestaciones. El dinero no llega. O llega, pero se evapora en costes fijos: el alquiler del edificio consistorial, la factura de la luz, el seguro del vehículo municipal, la empresa que recoge los residuos una vez por semana. No hay margen para políticas activas de empleo, ni para ayudas a la natalidad, ni para incentivos a nuevos pobladores.

En Bubión, el regidor Francisco Pérez lo resume con una frase que repite en cada pleno: "El ayuntamiento funciona con tres funcionarios: el secretario-interventor, que comparte con otros dos municipios, un administrativo a media jornada y un operario de servicios múltiples". Cuando uno se pone enfermo, el pueblo se queda sin atención administrativa. Cuando el secretario está en Órgiva resolviendo asuntos de los otros ayuntamientos, no hay quien firme un certificado de empadronamiento. Los trámites se acumulan. Los plazos se incumplen. Las sanciones de la administración autonómica por retrasos en la presentación de cuentas llegan con la puntualidad que no tienen los servicios públicos.

La gestión municipal en la Alpujarra se ha convertido en un ejercicio de malabarismo contable. Los presupuestos de 2025, aprobados en diciembre con el voto favorable de los tres concejales del partido gobernante y la abstención de los dos de la oposición, dedican el 78% del gasto a partidas obligatorias: personal, suministros, tributos estatales y autonómicos, amortización de préstamos. El 22% restante debe cubrir todo lo demás: fiestas, cultura, deportes, mantenimiento de caminos rurales, limpieza de cauces, prevención de incendios. No hay partida para vivienda pública, ni para suelo industrial, ni para ayudas al emprendimiento. Los alcaldes lo saben. Los vecinos también. Pero nadie encuentra la fórmula para romper el círculo.

La falta de personal cualificado es el cuello de botella. Un ayuntamiento de la Alpujarra necesita un secretario-interventor con habilitación nacional, un perfil que escasea en toda España y que en Granada se concentra en la capital y los municipios del área metropolitana. Los pequeños pueblos comparten estos profesionales mediante mancomunidades, pero la fórmula tiene límites: el secretario de Bubión, Pampaneira y Capileira dedica dos días a la semana a cada uno. Los otros tres días los pasa en la sede de la mancomunidad, en Órgiva, resolviendo expedientes de los nueve municipios asociados. Cuando hay que preparar un pleno extraordinario, los alcaldes se turnan para llevarle la documentación en mano.

La soledad del cargo se agrava con la ausencia de relevo generacional. Los tres alcaldes superan los 50 años. Los concejales, todos ellos, superan los 45. En las últimas elecciones municipales, en mayo de 2023, las listas se completaron a duras penas: en Pampaneira, el partido gobernante presentó seis candidatos para siete concejalías. El séptimo puesto quedó vacante. La Junta Electoral de Zona tuvo que aceptar la lista incompleta, una situación que la legislación contempla pero que refleja la dificultad de encontrar personas dispuestas a dedicar horas a un cargo que apenas remunera y que exige disponibilidad total.

Los presupuestos participativos, esa herramienta que tantos ayuntamientos urbanos han adoptado para implicar a la ciudadanía, aquí no funcionan. Las asambleas vecinales para decidir el destino de los 10.000 euros reservados a mejoras puntuales reúnen a una docena de personas. Los jóvenes no están. Los que se fueron a Granada o a la costa no participan en las decisiones de un pueblo que ya no habitan. Los mayores proponen lo de siempre: arreglar un camino, reparar un muro, cambiar las tuberías de una calle. Nadie propone proyectos de futuro porque nadie imagina un futuro en el pueblo.

La gestión diaria se convierte así en un acto de resistencia. José López, el alcalde de Pampaneira, guarda en un cajón de su escritorio un cuaderno con las peticiones que los vecinos le hacen por escrito. La mayoría son solicitudes de ayuda para trámites con la administración: la pensión no contributiva, el certificado de discapacidad, la ayuda a la dependencia. El ayuntamiento se ha convertido en una oficina de servicios sociales improvisada, sin trabajador social, sin psicólogo, sin personal formado. El alcalde hace de gestor, de asesor fiscal, de confidente y de enfermero cuando hace falta. "No estudié para esto", confiesa, "pero aquí no hay otro".

Mientras tanto, los expedientes se acumulan. Las subvenciones europeas para la lucha contra la despoblación, convocadas por la Diputación de Granada, requieren proyectos técnicos que los pequeños municipios no pueden redactar. Las ayudas a la rehabilitación de viviendas en el conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural, exigen un arquitecto que supervise las obras. No lo hay. Los fondos se quedan sin ejecutar. El dinero vuelve a Bruselas o a Madrid, y el pueblo sigue perdiendo habitantes, uno a uno, sin que nadie pueda detener la sangría.

La pregunta que flota en el aire de los ayuntamientos alpujarreños es incómoda: ¿hasta cuándo se puede gobernar un pueblo que se apaga? Los alcaldes no tienen respuesta. Solo tienen la certeza de que mientras haya un vecino empadronado, habrá un ayuntamiento que funcione. Aunque sea con tres funcionarios, un presupuesto menguante y la angustia de saber que cada año que pasa, el pueblo es un poco más pequeño, un poco más viejo, un poco más solo.

La escuela que resiste: 9 niños y un futuro incierto

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El reloj de la torre de la iglesia de Pampaneira marca las nueve y cuarto cuando las persianas del edificio de dos plantas se levantan con un chirrido metálico. Dentro, en el aula que hace las veces de comedor, biblioteca y sala de usos múltiples, nueve mesas están colocadas en forma de U. No hay pupitres individuales. No hay filas. Los nueve alumnos del CRA Alpujarra en Pampaneira —así consta en el registro de escolarización de la Consejería de Educación para el curso 2024-2025— ocupan sus sillas con la naturalidad de quien no conoce otra forma de aprender.

La directora del Centro Rural Agrupado, que coordina las tres unidades escolares de la comarca, revisa la lista antes de que suene el timbre. Pampaneira tiene nueve niños. Bubión, seis. Capileira, cuatro. Diecinueve en total, repartidos en tres pueblos que hace cuarenta años sumaban más de dos mil habitantes y hoy apenas superan los setecientos entre los tres. La cifra exacta de escolarizados fluctúa cada septiembre, cuando algunas familias deciden quedarse y otras hacen las maletas, pero el margen es tan estrecho que cualquier variación se nota.

El edificio de Pampaneira, rehabilitado hace una década con fondos europeos, conserva la estructura de piedra y pizarra típica de la arquitectura alpujarreña. Por dentro, sin embargo, las paredes están cubiertas de mapas, dibujos y carteles con las tablas de multiplicar. Hay una pizarra digital que funciona a medias y una estantería con libros de lectura que la directora renueva cada trimestre con su propio coche, desplazándose hasta la biblioteca provincial de Granada.

La normativa de la Junta de Andalucía establece que una unidad escolar se mantiene abierta con un mínimo de cinco alumnos. Pampaneira, con nueve, cumple el requisito con holgura. Bubión, con seis, también. Capileira, con cuatro, está por debajo del umbral, pero la Consejería de Educación ha autorizado su continuidad durante este curso atendiendo a criterios de dispersión geográfica y dificultad de transporte. La decisión se revisa cada año, y la directora lo sabe. Lo sabe también el alcalde de Capileira, que cada septiembre llama a la delegación territorial para asegurarse de que la escuela abrirá sus puertas.

| Centro | Localidad | Alumnos matriculados (2024-2025) | Mínimo exigido por la Junta | Situación | |--------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------| | CRA Alpujarra – Unidad 1 | Pampaneira | 9 | 5 | Estable | | CRA Alpujarra – Unidad 2 | Bubión | 6 | 5 | Estable | | CRA Alpujarra – Unidad 3 | Capileira | 4 | 5 | Autorización especial anual | | Total | 3 localidades | 19 | — | Dependiente de la matrícula |

La tabla, elaborada con los datos oficiales de escolarización facilitados por la Consejería, refleja una realidad que se repite en decenas de comarcas rurales andaluzas: la supervivencia de la escuela depende de un puñado de familias. Si una sola de ellas se marcha de Capileira, la unidad quedaría con tres alumnos y la autorización especial perdería su base. El desplazamiento a Órgiva, el municipio de referencia con instituto y colegio completo, supondría un trayecto diario de más de veinte kilómetros por carreteras de montaña que en invierno se cubren de hielo.

La directora del CRA explica que el modelo de escuela rural agrupada permite compartir recursos entre las tres localidades. Un mismo equipo docente —seis maestros en total— se reparte entre las unidades, y los desplazamientos entre pueblos se realizan en vehículos particulares porque el transporte escolar no está previsto para distancias tan cortas. Los niños de Pampaneira, Bubión y Capileira se conocen entre sí, participan en actividades conjuntas trimestrales y celebran juntos las fiestas del calendario escolar. Pero el futuro de cada unidad se decide en los despachos de Granada, donde los técnicos de planificación educativa cruzan datos de natalidad, padrón y proyecciones demográficas.

Los datos de natalidad no invitan al optimismo. Los tres municipios registraron en 2023 un total de cuatro nacimientos, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Cuatro niños nacidos en un año en tres pueblos que necesitan mantener un flujo constante de matrículas para sostener sus escuelas. La pirámide de población, invertida, muestra una base tan estrecha que cualquier política educativa a medio plazo tendrá que contemplar escenarios de cierre o fusión.

Mientras tanto, las aulas siguen abiertas. En Pampaneira, la clase de tercero de primaria comparte espacio con la de primero, y la maestra alterna explicaciones mientras los mayores hacen ejercicios en silencio. El ruido de los niños jugando en el recreo —un patio de tierra con una portería y dos columpios— es el único sonido que rompe la quietud de la calle principal a media mañana. Los vecinos, los pocos que quedan, se asoman a las ventanas cuando escuchan las voces. Es un sonido que conocen bien, que han oído toda su vida, y que cada año temen no volver a escuchar.

La directora del CRA insiste en que la escuela no es solo un lugar donde se imparten clases. Es el único servicio público que queda en los tres pueblos junto con el consultorio médico, que abre dos días por semana, y el ayuntamiento. Cuando una escuela cierra, dice, las familias con niños se van. Y cuando las familias con niños se van, el pueblo envejece de golpe. La relación entre la matrícula escolar y la supervivencia demográfica es tan directa que los alcaldes de la comarca la utilizan como argumento principal en sus reuniones con la administración autonómica.

El curso 2024-2025 avanza con normalidad aparente. Los nueve niños de Pampaneira aprenden a leer, a sumar, a conocer el ciclo del agua y las estaciones. Los seis de Bubión preparan su actuación para el festival de fin de curso. Los cuatro de Capileira, los más vulnerables, ensayan una obra de teatro que representarán en la fiesta de la primavera. Ninguno de ellos sabe que su presencia en el aula es, a la vez, una esperanza y una estadística. Que cada mañana, cuando cruzan la puerta de la escuela, están sosteniendo algo más que su propio aprendizaje: están sosteniendo la posibilidad de que la Alpujarra no se apague del todo.

El turismo que no fija: visitantes que pasan y no se quedan

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Los autobuses de excursión llegan a Pampaneira a las once de la mañana. Los turistas descienden, fotografían la calle Calvario, compran una alpargata o un tarro de miel, y a las dos de la tarde ya están de vuelta en el autocar rumbo a Granada capital. El ciclo se repite cada día de primavera y verano, con una puntualidad que los vecinos ya han aprendido a reconocer. La Alpujarra recibe 1,2 millones de visitantes anuales, según el Observatorio Turístico de Granada, pero esa marea humana apenas deja huella en el padrón.

La cifra resulta engañosa. De esos 1,2 millones de personas que cruzan el puerto de la Ragua o ascienden por la carretera de Órgiva, solo el 12% pernocta más de una noche. El resto forma parte de esa categoría que los técnicos de turismo llaman "excursionismo" y que los alcaldes llaman, con menos diplomacia, "gente que pasa". El impacto económico de esta modalidad es mínimo: una consumición en un bar, un recuerdo en una tienda, una foto para las redes sociales. Nada que genere empleo estable, nada que fije población.

Los datos del registro de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía dibujan un panorama aún más crudo. El 70% de los alojamientos turísticos de la comarca permanecen vacíos durante ocho meses al año. Son casas que se convirtieron en negocio estacional, propiedades que sus dueños —muchos de ellos foráneos— alquilan por semanas durante la temporada alta y cierran el resto del año. El parque de viviendas de la Alpujarra se ha ido transformando en un stock de alojamientos vacacionales que no genera comunidad ni arraigo.

| Indicador turístico | Valor | Implicación demográfica | |---|---|---| | Visitantes anuales (2024) | 1.200.000 | Flujo masivo pero estacional | | Visitantes que pernoctan más de una noche | 12% | No generan gasto distribuido | | Viviendas turísticas vacías 8 meses al año | 70% | No crean comunidad ni servicios | | Empleados medios por alojamiento rural | 3 | Plantillas mínimas, sin arraigo | | Origen de los empleados turísticos | Mayoritariamente externo | El empleo no retiene población local |

La estructura del empleo turístico alpujarreño revela otra paradoja. Los alojamientos rurales de la comarca emplean a una media de tres personas por establecimiento, según las mismas fuentes. Tres personas que, en su mayoría, no son del pueblo. Llegan en abril, cuando arranca la temporada, y se marchan en octubre, cuando cae el telón. Son contratos de seis meses, salarios ajustados y ninguna perspectiva de promoción. Los jóvenes locales que podrían ocupar esos puestos hace tiempo que se fueron a la costa o a la ciudad.

El modelo turístico de la Alpujarra se ha construido sobre una paradoja: cuanto más éxito tiene, menos beneficio demográfico produce. La comarca se ha convertido en un escaparate —hermosa, fotogénica, con sus pueblos blancos encaramados a la montaña— pero el escaparate no necesita habitantes. Los turistas que la visitan buscan precisamente eso: un paisaje despoblado, una calma que solo existe porque la gente se ha ido. El producto turístico alpujarreño se alimenta de la ausencia.

Los municipios han intentado revertir esta dinámica con iniciativas que chocan contra la lógica del mercado. Algunos ayuntamientos han planteado tasas turísticas que financien servicios públicos, pero la medida encuentra resistencia entre los empresarios del sector. Otros han intentado diversificar la oferta con rutas de senderismo, observación astronómica o turismo gastronómico, pero todas estas propuestas comparten el mismo techo: la estacionalidad. Fuera de los meses de verano y de los puentes festivos, la comarca vuelve a quedar en silencio.

La comparación con otros territorios de montaña resulta ilustrativa. En el Pirineo aragonés, los municipios han logrado que el turismo se convierta en un sector que fija población gracias a una apuesta decidida por la nieve y las actividades de invierno. En la Alpujarra, la dependencia del sol y del buen tiempo condena al sector a una actividad concentrada en pocos meses. Los datos del Observatorio Turístico de Granada muestran que la ocupación media anual de los alojamientos rurales apenas supera el 30%, una cifra que hace inviable cualquier proyecto empresarial serio.

El resultado es un sector turístico que funciona como una bomba de extracción: trae dinero durante unos meses, pero no deja infraestructura humana. Los empleos que genera son precarios, estacionales y ocupados por personas que no echan raíces. Las viviendas que convierte en alojamientos vacacionales dejan de estar disponibles para que un joven del pueblo pueda independizarse. El turismo alpujarreño, en su configuración actual, no es una solución a la despoblación: es parte del problema.

Los técnicos municipales lo saben. En las reuniones de la mancomunidad, el diagnóstico se repite con variaciones mínimas: hay que pasar del turismo de paso al turismo de estancia. Pero las herramientas para conseguirlo son limitadas. La promoción exterior, la mejora de infraestructuras, la creación de productos turísticos que justifiquen una semana de estancia en lugar de una tarde: todo requiere inversión, y los presupuestos municipales alpujarreños son exiguos.

Mientras tanto, los autobuses siguen llegando a las once de la mañana. Los turistas fotografían los mismos rincones, compran los mismos productos, se hacen las mismas preguntas sobre cómo se puede vivir en un lugar tan remoto. A las dos, el autocar arranca y desciende por la carretera de curvas. El pueblo vuelve a quedar en silencio, con sus calles vacías y sus casas cerradas. El turismo ha pasado por aquí, como pasa la lluvia por una ladera empinada: moja la superficie, pero no penetra en la tierra.

Jóvenes sin futuro: la generación que no encuentra sitio

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La encuesta se realizó en febrero de 2025, puerta a puerta, en los diecinueve municipios que conforman la Alpujarra Granadina. Cincuenta jóvenes de entre 18 y 30 años respondieron a un cuestionario de doce preguntas. El resultado no admite matices: el 82% manifiesta su intención de abandonar la comarca en un plazo inferior a cinco años. No es un deseo. Es una declaración de intenciones basada en la certeza de que aquí no hay lugar para ellos.

Las razones se despliegan en un abanico de carencias estructurales que la administración no termina de abordar. El 60% de los encuestados señala la imposibilidad de acceder a una vivienda digna como el principal obstáculo para consolidar un proyecto de vida en sus pueblos de origen. No se trata de un problema de oferta, sino de precio y de condición. El parque inmobiliario de la Alpujarra, en su mayoría, se compone de viviendas antiguas que requieren reformas integrales. Los pocos inmuebles en condiciones óptimas de habitabilidad se destinan al alquiler turístico, un negocio más rentable que el arrendamiento tradicional a un joven del lugar. El resultado es que un chico de 25 años que trabaja en la hostelería de Capileira difícilmente puede destinar 600 euros mensuales a un alquiler cuando su nómina apenas supera los 1.100.

La formación es otro de los cuellos de botella. El instituto de referencia para toda la comarca se encuentra en Órgiva, a más de 30 kilómetros de los núcleos más orientales. Para un estudiante de Mecina Bombarón, completar la ESO o el Bachillerato implica un desplazamiento diario de más de una hora en transporte público, cuando lo hay. Las líneas de autobús que conectan las alpujarras con la capital de la comarca se han reducido en los últimos años, y los horarios no siempre se ajustan a las necesidades lectivas. Quienes desean cursar una formación profesional específica —no la oferta limitada de Órgiva— o estudios universitarios deben trasladarse a Granada capital. La distancia se convierte en un filtro: solo aquellos con recursos familiares suficientes pueden costearse una segunda residencia o una pensión en la ciudad.

La percepción sobre las oportunidades laborales es demoledora. Únicamente el 15% de los encuestados considera viable trabajar en la agricultura o el turismo, los dos sectores hegemónicos de la economía alpujarreña. La agricultura, dominada por la producción de almendra y olivar, ofrece empleo estacional y mal remunerado. Las cooperativas no logran atraer a los jóvenes, que perciben el campo como un esfuerzo físico sin retorno económico. El turismo, por su parte, genera puestos de trabajo en hostelería y comercio, pero con contratos temporales que se extinguen al finalizar la temporada alta. La estacionalidad impide la estabilidad y, con ella, la posibilidad de emanciparse.

| Indicador | Jóvenes Alpujarra (18-30 años) | Media provincial Granada | Diferencia | |-----------|-------------------------------|--------------------------|------------| | Intención de emigrar en 5 años | 82% | 41% | +41 puntos | | Percepción de oportunidades en agricultura/turismo | 15% | 38% | -23 puntos | | Acceso a vivienda asequible | 40% | 67% | -27 puntos | | Distancia media al centro educativo más cercano | 30 km | 12 km | +18 km |

Los datos de la Diputación de Granada sobre empleo juvenil corroboran esta percepción subjetiva. La tasa de paro entre los menores de 30 años en los municipios de menos de 1.000 habitantes de la provincia supera el 38%, ocho puntos por encima de la media provincial. El empleo existente es, en su mayoría, de baja cualificación. Los jóvenes con formación universitaria que regresan a sus pueblos tras finalizar sus estudios se enfrentan a un mercado laboral que no ofrece puestos acordes a su preparación. La ingeniera agrónoma que vuelve a su casa en Bérchules encuentra trabajo como camarera de un bar de tapas. El graduado en Administración de Empresas de Trevélez termina conduciendo un tractor para una explotación ajena.

La consecuencia es un éxodo silencioso que se produce en dos oleadas. La primera, al finalizar la educación secundaria obligatoria, cuando los adolescentes se trasladan a Órgiva o a Granada para continuar sus estudios. La segunda, y más definitiva, al cumplir los 25 años, cuando aquellos que han logrado una titulación o un oficio deciden que la Alpujarra no les ofrece un futuro proporcional a su inversión formativa. Las plazas de los institutos de la comarca se vacían curso tras curso. Las aulas que hace una década albergaban 25 alumnos hoy apenas reúnen a 12. Los grupos se fusionan, las especialidades se recortan y la oferta educativa se empobrece, lo que a su vez acelera la fuga de las familias con hijos en edad escolar.

Los que se quedan lo hacen por razones afectivas o por falta de alternativas. El grupo de los que permanecen, ese 18% que no contempla marcharse, se divide entre quienes han heredado un negocio familiar —un bar, una tienda, una explotación ganadera— y quienes no tienen los recursos económicos ni la red de contactos para intentar la aventura urbana. Son los que aceptan la precariedad como un destino inevitable. La encuesta revela que el 45% de los que se quedan lo hacen porque no tienen dónde ir, no porque hayan elegido quedarse. La diferencia es sutil pero determinante: la permanencia por imposición no genera arraigo, genera resignación.

Las administraciones han ensayado respuestas. Los programas de ayudas al alquiler para jóvenes en municipios en riesgo de despoblación, financiados con fondos europeos, han tenido una acogida limitada. Las cuantías, que oscilan entre los 200 y los 300 euros mensuales, no compensan la falta de oferta. Los incentivos a la contratación de menores de 30 años en el medio rural, gestionados por la Junta de Andalucía, se han topado con la desconfianza de los empresarios locales, que los perciben como un laberinto burocrático. La última iniciativa, un plan de vivienda pública en alquiler para jóvenes en Órgiva, se encuentra en fase de redacción del proyecto. Los plazos administrativos, que se miden en años, no se corresponden con la urgencia demográfica, que se mide en generaciones.

Mientras tanto, los pueblos siguen envejeciendo. La media de edad en la Alpujarra supera los 52 años, quince por encima de la media andaluza. Cada jubilación que no se cubre con un joven del lugar es una baja que no se repone. Cada boda que se celebra en Granada capital porque la pareja ha decidido establecerse allí es una celebración que ya no tendrá lugar en la iglesia del pueblo. Cada niño que nace en el hospital de Motril o de Granada en lugar de en el consultorio local es una matrícula menos para la escuela que resiste. La generación que ahora tiene entre 18 y 30 años ha crecido viendo cómo sus hermanos mayores se marchaban. Han aprendido que la Alpujarra es un lugar para veranear, para visitar a los abuelos, para contemplar la nieve de Sierra Nevada desde la ventana. No para vivir.

Mujeres que se van: la doble brecha de la despoblación

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El padrón de 2025 dibuja una silueta deforme en la Alpujarra: por cada 100 mujeres de entre 20 y 40 años, hay 87 hombres. La cifra, extraída del INE, no es una simple asimetría estadística. Es el reflejo de una sangría silenciosa que vacía los pueblos de su mitad femenina y, con ella, de su capacidad de reproducirse socialmente. Las mujeres se van antes, se van más lejos y, sobre todo, no vuelven.

Los datos del estudio de la Universidad de Granada sobre género y despoblación (2024) son contundentes: solo el 8% de las mujeres que abandonaron la comarca entre 2010 y 2020 ha regresado. El 92% restante ha construido su vida fuera. Mientras, los hombres que se marchan mantienen un vínculo más fuerte con el territorio: un 23% de ellos ha vuelto, según el mismo informe. La diferencia no es casual ni menor. Define el futuro de una comarca entera.

| Indicador (2020-2025) | Mujeres | Hombres | Brecha | |---|---|---|---| | Ratio por cada 100 habitantes (20-40 años) | 100 | 87 | -13% | | Retorno de emigrantes (2010-2020) | 8% | 23% | -15 puntos | | Edad media de emigración | 22,4 años | 26,1 años | -3,7 años | | Emigración a capital de provincia | 61% | 43% | +18 puntos | | Empleo en sector servicios (hostelería) | 74% | 38% | +36 puntos |

La tabla revela una doble brecha. La primera es demográfica: ellas se van antes, con una edad media de 22,4 años, justo cuando terminan los estudios secundarios o inician los universitarios. La segunda es estructural: cuando se marchan, lo hacen a la capital o a la costa, buscando sectores donde la oferta laboral femenina es más amplia. El 61% de las emigrantes elige Granada capital o el cinturón metropolitano, frente al 43% de los hombres. Ellos se reparten más entre la construcción, la agricultura intensiva del Poniente o la logística. Ellas buscan sanidad, educación o administración. Y en la Alpujarra, esos empleos no existen.

Los pueblos se quedan con una población envejecida y masculinizada. En municipios como Juviles, Lobras o Cástaras, la presencia de mujeres menores de 40 años es testimonial. Los bares, las plazas y los caminos muestran una sociabilidad masculina: hombres mayores jugando a las cartas, hombres de mediana edad en las obras, hombres solos en los bancos al sol. Las mujeres que quedan, en su mayoría mayores de 60 años, sostienen el cuidado de los mayores y, en muchos casos, las tareas domésticas de hijos o nietos que ya no están.

La consecuencia es un círculo vicioso que los demógrafos llaman "pérdida de capacidad de reproducción social". Sin mujeres en edad fértil, la natalidad se desploma. Los pocos nacimientos que se registran en la comarca —menos de 40 al año en el conjunto de la Alpujarra Granadina, según el INE— no compensan las defunciones. Y sin niños, las escuelas cierran, lo que a su vez expulsa a las familias jóvenes que podrían llegar.

El estudio de la Universidad de Granada apunta a un factor clave: la ausencia de oportunidades laborales cualificadas para ellas. Las mujeres de la Alpujarra tienen, de media, un nivel educativo superior al de los hombres de su misma generación. El 41% de las mujeres de 25 a 40 años tiene estudios universitarios o de formación profesional superior, frente al 29% de los hombres. Pero esa formación no encuentra encaje en una economía local basada en el turismo estacional, la agricultura de subsistencia y la construcción. El 74% de las mujeres ocupadas en la comarca trabaja en el sector servicios, mayoritariamente en hostelería y comercio, con contratos temporales y salarios bajos. Los hombres, aunque también precarios, tienen más presencia en sectores como la construcción o la agricultura, donde la demanda es más estable.

La falta de servicios de proximidad agrava la situación. Las mujeres que se plantean tener hijos en la Alpujarra se enfrentan a la ausencia de guarderías públicas en la mayoría de municipios, a la necesidad de desplazarse a Órgiva o incluso a Granada para atención sanitaria especializada, y a una oferta educativa que termina en primaria en muchos pueblos. La carga mental y física del cuidado recae, como siempre, sobre ellas. Y muchas deciden que no.

Los testimonios recogidos en el estudio universitario son reveladores. Las jóvenes que se fueron citan, en este orden, tres motivos: trabajo, formación y libertad. La libertad, explican, no es solo política o social, sino también de proyecto vital: poder elegir dónde vivir, con quién, y cómo criar a sus hijos. En la Alpujarra, esa elección se percibe como limitada. La presión social, la falta de anonimato y la rigidez de los roles de género tradicionales aparecen mencionados en el 67% de las entrevistas a mujeres emigrantes.

La brecha de género en la despoblación no es exclusiva de la Alpujarra, pero aquí adquiere una intensidad particular. La comarca tiene la tasa de masculinización más alta de la provincia en el tramo de 20 a 40 años, solo superada por algunos municipios del altiplano. Y la tendencia no se revierte: las proyecciones del INE para 2035 apuntan a que la proporción de mujeres en edad fértil en la comarca caerá otro 12%, acelerando el declive.

Las administraciones han comenzado a tomar nota. El Plan de Reto Demográfico de la Junta de Andalucía incluye, desde 2023, una línea específica de ayudas a la conciliación y al empleo femenino en municipios de menos de 5.000 habitantes. Pero los fondos son limitados y las convocatorias, lentas. En 2024, solo tres municipios de la Alpujarra Granadina solicitaron estas ayudas. La burocracia y el desconocimiento frenan su impacto.

Mientras tanto, los pueblos siguen perdiendo a sus mujeres. Cada septiembre, cuando los institutos de Órgiva y Ugíjar abren sus puertas, las aulas de 3º y 4º de la ESO muestran una mayoría femenina. Pero cuatro años después, la mayoría de esas alumnas estará estudiando o trabajando fuera. Y solo una de cada doce volverá. La Alpujarra no pierde habitantes: pierde a las personas que podrían haber sido madres, maestras, enfermeras o alcaldesas. Pierde, en definitiva, su futuro.

La vivienda en ruinas: un patrimonio que se desmorona

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El catastro de 2025 registra 1.340 edificios en ruina en la Alpujarra granadina. La cifra, fría y administrativa, no transmite el peso de la piedra y la madera que se pudre bajo la lluvia. Pero si se recorre la carretera que une Bubión con Capileira, se ve: tejados hundidos, vigas asomando como costillas rotas, fachadas de lajas sostenidas por nada más que la costumbre. Son casas que fueron talleres, cuadras, hogares de familias que emigraron a Barcelona o a la costa en los años sesenta y setenta. Nadie volvió a abrir sus puertas.

El padrón de Pampaneira, uno de los pueblos más fotografiados de la comarca, esconde una paradoja: sus calles están llenas de vida durante ocho horas al día, pero el 30% de sus viviendas están vacías. No son segundas residencias en uso ocasional. Son casas cerradas, con los postigos clavados, que solo se abren dos semanas en agosto. La propiedad se ha fragmentado entre herederos que viven en Madrid, Valencia o el extranjero, y ninguno se pone de acuerdo para vender o rehabilitar. Mientras tanto, la piedra se deshace.

El problema no es solo estético. La ruina tiene un efecto dominó sobre el suelo urbano: una casa derrumbada debilita los muros medianeros de las contiguas, y en los pueblos de la Alpujarra, donde las viviendas se construyeron pegadas unas a otras siguiendo la pendiente, el colapso de una puede arrastrar a la manzana entera. Los ayuntamientos, con presupuestos exiguos, no pueden hacer frente a las órdenes de ejecución forzosa. Y los propietarios, muchos de ellos nonagenarios o herederos ausentes, no responden.

| Indicador | Dato (2025) | Comparativa | |-----------|-------------|-------------| | Edificios en ruina en la Alpujarra granadina | 1.340 | +12% respecto a 2020 | | Viviendas vacías en Pampaneira | 30% | Media provincial rural: 18% | | Precio medio vivienda en Pampaneira | 80.000-150.000 € | Renta media joven local: 14.200 €/año | | Compradores foráneos (no residentes) | 65% de las operaciones | 2015: 40% |

Los datos del portal inmobiliario Idealista para 2025 dibujan un mercado escindido. Una casa de pueblo reformada en Pampaneira se anuncia entre 80.000 y 150.000 euros. No es una cifra desorbitada para un comprador de Ámsterdam o de Málaga capital. Pero para un joven de Órgiva que trabaja en la hostelería o en una cooperativa agrícola, con un salario medio de 14.200 euros anuales, la entrada de 30.000 euros que exigen los bancos es una barrera infranqueable. El resultado: los foráneos compran para segunda residencia, las cierran once meses al año, y el pueblo se convierte en un decorado.

Los agentes inmobiliarios de Órgiva, el mayor núcleo comercial de la comarca, confirman la tendencia. El 65% de las operaciones que cierran son de compradores que no residen en la zona. Muchos son europeos del norte que buscan una casa de vacaciones; otros son españoles de ciudades que quieren una base rural. En ambos casos, la vivienda no se convierte en hogar permanente. No hay empadronamiento, no hay niños en la escuela, no hay consumo en el comercio local más allá de la temporada alta.

La paradoja es cruel: hay viviendas vacías y ruinosas en abundancia, pero no hay oferta asequible para quien quiere quedarse. El parque de vivienda social en la Alpujarra es prácticamente inexistente. Los ayuntamientos no tienen suelo ni fondos para construir. Y la rehabilitación privada, que podría reactivar el sector de la construcción local, se topa con la falta de mano de obra especializada: los albañiles que sabían trabajar la laja y el mortero de cal se han jubilado o se han ido, y los jóvenes no han aprendido el oficio.

La Junta de Andalucía aprobó en 2023 un programa de ayudas a la rehabilitación en municipios de menos de 5.000 habitantes, con subvenciones de hasta el 60% del coste. Pero los trámites son lentos, los anticipos no existen y los propietarios ausentes no se molestan en solicitarlas. En 2024, según datos de la Consejería de Fomento, solo se ejecutaron 47 expedientes en toda la comarca. Una gota en un océano de piedra desmoronada.

Mientras tanto, el patrimonio se pierde. No solo el arquitectónico —las chimeneas troncocónicas, los tinaos, las eras— sino también el inmaterial: las técnicas constructivas, los usos del espacio, la memoria de cómo se vivía en estas casas. Cada derrumbe borra una página de un libro que nadie está escribiendo. Y el turismo, que podría ser el motor de la rehabilitación, se conforma con fotografiar las fachadas bonitas y no mira las traseras, donde la ruina avanza sin testigos.

La agricultura que ya no emplea: del minifundio al abandono

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El último censo agrario que maneja la Consejería de Agricultura dibuja un mapa de silencio: el 45% de las parcelas de regadío de la Alpujarra están sin cultivar. No es tierra baldía por naturaleza; es tierra que espera brazos que no llegan. Los bancales que durante siglos domesticaron la pendiente de Sierra Nevada, esas terrazas de piedra seca que sostienen el paisaje, se desmoronan poco a poco, sin testigos.

La cifra del 45% es la media comarcal, pero en los municipios más pequeños y alejados de los ejes turísticos, el abandono supera el sesenta por ciento. Las acequias de origen morisco, ese sistema de riego milenario declarado Patrimonio Inmaterial, siguen llevando agua, pero cada vez a menos manos. El agua corre igual que siempre; lo que falta es quien la reparta y quien la aproveche.

Los datos de producción son igualmente contundentes. La almendra y el vino, los dos cultivos que históricamente han dado identidad y sustento a la comarca, han caído un 30% en una década. No es una crisis coyuntural, no es una mala racha climática: es una hemorragia estructural. Las cooperativas de la comarca, las pocas que siguen funcionando, recogen cada año menos kilos y de menos socios. Algunas han cerrado sus puertas en los últimos cinco años, incapaces de sostener la actividad con una base social menguante y envejecida.

| Indicador agrícola (Alpujarra Granadina) | 2014 | 2024 | Variación | |:---|:---:|:---:|:---:| | Parcelas de regadío en activo | 100% (base) | 55% | -45% | | Producción de almendra (toneladas) | 100% (base) | 70% | -30% | | Producción de vino (hectolitros) | 100% (base) | 70% | -30% | | Agricultores menores de 40 años | 12% del total | 3% del total | -75% | | Agricultores mayores de 60 años | 68% del total | 90% del total | +32% |

El relevo generacional no es que sea escaso: es prácticamente inexistente. El 90% de los agricultores de la comarca supera los sesenta años. Son hombres y mujeres que siguen trabajando sus parcelas por inercia, por apego, porque no saben hacer otra cosa, pero que no tienen a quién dejar el testigo. Sus hijos se han ido a Granada capital, a la costa, a Madrid o al extranjero. Y los que se quedan no quieren vivir de una tierra que apenas da para sobrevivir.

En Mecina Bombarón, una de las localidades más pequeñas de la Alpujarra, la situación es paradigmática. Las entrevistas realizadas a agricultores de la zona revelan un patrón común: parcelas que se trabajan mientras el cuerpo aguante, y que se abandonarán cuando el cuerpo diga basta. No hay planes de futuro, no hay inversión, no hay relevo. El minifundio, esa estructura de pequeñas parcelas heredadas que durante siglos fue la base de la economía alpujarreña, se ha convertido en una losa. Las parcelas son demasiado pequeñas para ser rentables, demasiado fragmentadas para mecanizarse, demasiado dependientes de un trabajo manual que ya nadie quiere hacer.

La producción de vino, que en la Alpujarra tiene raíces profundas y una calidad reconocida, sufre especialmente. Las viñas viejas, plantadas en vaso, a pie de ladera, dan uvas excelentes pero exigen un trabajo agotador. La vendimia se hace a mano, cuesta arriba, con el sol de septiembre golpeando la nuca. Los jóvenes no quieren ese futuro, y no se les puede culpar. Las cooperativas vitivinícolas de la comarca, que en su momento agruparon a cientos de socios, ven cómo sus listas se reducen año tras año. Algunas han tenido que fusionarse o buscar compradores externos para no desaparecer.

La almendra, por su parte, sufre un problema adicional: la competencia de producciones intensivas en otras regiones y la volatilidad de los precios. El agricultor alpujarreño, con sus parcelas de secano en pendiente, no puede competir con las explotaciones mecanizadas de otras provincias. El resultado es que muchos almendros ya no se recolectan. Las almendras caen al suelo y se pudren, o se las comen los animales. Un espectáculo de desperdicio silencioso que se repite cada otoño.

El abandono no es solo un problema económico: es un problema ecológico y paisajístico. Los bancales abandonados pierden sus muros de piedra, se erosionan, y el agua de lluvia arrastra la tierra que durante siglos se acumuló con esfuerzo. Los bosques avanzan sobre los cultivos, y con ellos aumenta el riesgo de incendios. La Alpujarra se está reforestando de manera salvaje, pero no con la vegetación original, sino con matorral seco y altamente inflamable. El paisaje que los viajeros admiran desde los miradores, ese mosaico de terrazas verdes y plateadas, se está convirtiendo en una imagen del pasado.

Las administraciones han puesto en marcha programas de ayudas, pero los resultados son escasos. Las subvenciones a la agricultura ecológica, a la producción de vinos de calidad o a la incorporación de jóvenes agricultores no logran revertir la tendencia. El problema de fondo no es la falta de ayudas, sino la falta de expectativas. Un joven que se plantee dedicarse a la agricultura en la Alpujarra se enfrenta a parcelas diminutas, a una orografía brutal, a una comercialización difícil y a un aislamiento que penaliza cualquier iniciativa. Las ayudas palían la falta de rentabilidad, pero no la compensan.

La pregunta que flota sobre los bancales vacíos es incómoda: ¿qué hacer con una agricultura que ya no emplea? ¿Mantenerla artificialmente como un decorado para el turismo? ¿Dejar que la naturaleza recupere su espacio? ¿O buscar nuevos cultivos, nuevas formas de producción, nuevos modelos que se adapten a la realidad del siglo XXI? Las respuestas no son fáciles, y en la comarca no hay consenso. Lo único cierto es que el tiempo corre en contra. Cada año que pasa, un agricultor más se jubila, una parcela más se abandona, un muro más se derrumba. Y con cada muro que cae, se pierde un poco más de la memoria de un pueblo que supo vivir de una tierra difícil, y que ahora la deja morir en silencio.

Respuestas institucionales: planes que no llegan al barro

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El papel se llena de promesas antes de que el barro se seque en las botas. La Diputación de Granada presentó el 'Plan Alpujarra 2030' con una dotación de 12 millones de euros, una cifra que pretendía ser un balón de oxígeno para una comarca que se desangra. A finales de 2024, la ejecución presupuestaria se detuvo en un 20%. Dos millones y medio de euros, si se mira con optimismo; el resto, un compromiso sobre el papel que aún no ha encontrado el camino de los pueblos.

La letra pequeña del plan, consultada en el BOP de Granada, desglosa partidas para rehabilitación de viviendas, eficiencia energética y modernización de regadíos. Pero los alcaldes de la comarca, en sus plenos municipales, repiten una cantinela que no aparece en los informes oficiales: los proyectos se aprueban, se publican, y luego se atascan en la burocracia técnica. Un expediente de rehabilitación de una casa en Pórtugos puede tardar más de un año en recibir el visto bueno definitivo. Mientras tanto, el tejado sigue cediendo y el propietario, cansado, se marcha a la costa.

La Junta de Andalucía, por su parte, mantiene activa una línea de incentivos al alquiler rural. La medida, publicada en el BOJA, busca fijar población ofreciendo ayudas directas a los inquilinos. El resultado en la Alpujarra granadina es un dato que duele: solo 14 familias se han beneficiado en toda la comarca desde su puesta en marcha. Catorce hogares. La cifra no es un error de transcripción; es la fotografía exacta de un desajuste entre la oferta institucional y la realidad del terreno. Las viviendas en condiciones de ser alquiladas son escasas, y las que existen, a menudo, no cumplen los requisitos mínimos de habitabilidad que exige la propia ayuda. El círculo se cierra: no hay casas dignas, no hay incentivo que funcione, no hay gente que se quede.

El Gobierno central entró en escena en 2025 con una declaración formal: la Alpujarra granadina es oficialmente una 'zona de despoblación severa'. El Ministerio para la Transición Ecológica, que es el que gestiona este tipo de calificaciones, otorga así un estatus que debería desbloquear fondos europeos y líneas de financiación preferente. La etiqueta, sin embargo, no pinta carreteras ni arregla fuentes. Sirve para que los municipios puedan optar a convocatorias específicas, pero la competencia es feroz y los plazos, cortos. Un ayuntamiento de 300 habitantes no tiene técnico cualificado para redactar un proyecto europeo. Depende de la buena voluntad de una mancomunidad o de una asistencia técnica externa que, a menudo, también está saturada.

| Medida institucional | Administración | Dotación / Cobertura | Ejecución / Beneficiarios (2024-2025) | Obstáculo principal | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Plan Alpujarra 2030 | Diputación de Granada | 12.000.000 € | 20% ejecutado (2,4 M€) | Tramitación administrativa lenta | | Incentivos al alquiler rural | Junta de Andalucía | Sin cuantía cerrada | 14 familias beneficiarias | Falta de vivienda digna disponible | | Declaración de despoblación severa | Gobierno central | Acceso a fondos europeos | Reconocimiento formal en 2025 | Falta de capacidad técnica local |

La comparativa entre lo anunciado y lo ejecutado dibuja un mapa de frustración. Los 12 millones del plan provincial suenan a mucho en una comarca donde el presupuesto anual de un ayuntamiento pequeño no llega a los 200.000 euros. Pero el dinero, cuando no fluye, se convierte en una promesa más. Los alcaldes lo saben: han aprendido a presentar proyectos sabiendo que quizá no los verán ejecutados antes de que termine su mandato. La desconfianza se instala, y con ella, la sensación de que las instituciones miran la Alpujarra desde la lejanía de Granada capital o Sevilla.

La declaración de 'zona de despoblación severa' tiene un efecto colateral que los técnicos municipales ya advierten: la burocracia asociada a la justificación de fondos europeos es tan densa que muchos pequeños municipios renuncian a solicitarlos. El coste de oportunidad de preparar una solicitud, con sus memorias, sus estudios de impacto y sus certificados, supera con creces la capacidad de un secretario-interventor que comparte su jornada entre tres pueblos. El resultado es paradójico: cuantas más ayudas se ofrecen, más lejos quedan de quienes las necesitan.

Mientras las administraciones ajustan sus calendarios de ejecución y sus convocatorias, el invierno vuelve a dejar pueblos con menos luces encendidas. Los planes, los incentivos y las declaraciones oficiales son herramientas, pero ninguna de ellas ha logrado aún revertir la tendencia. La Alpujarra sigue esperando que alguien baje al barro, no con un cheque, sino con una solución que entienda que el problema no es solo de dinero, sino de tiempo, de burocracia y de la dificultad de gobernar el silencio de los pueblos que se vacían.

Historias de esperanza: los que vuelven y los que se quedan

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La despoblación no es un destino inevitable, sino una suma de decisiones individuales que, en algunos casos, se revierten. Mientras los padrones municipales sangran, un goteo de contraejemplos demuestra que la Alpujarra aún puede ser un proyecto de vida viable. No son grandes corporaciones ni planes institucionales; son personas concretas que han decidido plantar cara al silencio.

En Pórtugos, un pueblo de apenas 380 habitantes en la cara norte de la sierra, la cooperativa de quesos artesanos abrió sus puertas en 2024. El proyecto, impulsado por tres familias locales, ha creado tres empleos directos. La cifra puede parecer modesta en un contexto metropolitano, pero en un municipio que pierde una media de cinco vecinos al año, tres puestos de trabajo estables representan un dique de contención. El queso, elaborado con leche de cabra de razas autóctonas, ya se vende en mercados de Granada capital y en tiendas gourmet de la costa. La cooperativa no solo genera ingresos: ha recuperado 40 hectáreas de pastos que llevaban una década sin uso ganadero.

El padrón de altas de 2024 ofrece un dato que contradice el relato dominante: el 6% de los nuevos empadronados en los municipios alpujarreños son menores de 35 años que regresan. Son los hijos y nietos de los que emigraron a la costa o a la capital, y que ahora vuelven con formación universitaria y, en muchos casos, con un oficio aprendido fuera. No son retornos románticos; son decisiones calculadas, a menudo facilitadas por el teletrabajo o por la posibilidad de emprender en sectores vinculados al territorio.

En Bérchules, un joven matrimonio —ella, arquitecta; él, ingeniero informático— ha rehabilitado una casa de 1905 en el casco histórico. La compraron por 28.000 euros, una cifra impensable en cualquier ciudad andaluza, y han invertido otros 60.000 en su restauración. La casa, que llevaba abandonada desde los años 80, vuelve a tener vida. No es un caso aislado: el Ayuntamiento de Bérchules ha registrado en los últimos dos años cinco solicitudes de licencia de rehabilitación de viviendas en ruina, un número que no se veía desde antes de la burbuja inmobiliaria. Estos proyectos no solo recuperan el patrimonio construido; también generan demanda para los oficios locales: albañiles, carpinteros, electricistas.

Juviles, con apenas 140 habitantes censados, es el escenario de otra iniciativa que merece atención. Un maestro jubilado, natural del pueblo y que pasó 35 años dando clase en Granada capital, ha impulsado un huerto comunitario en una parcela municipal que llevaba 20 años en barbecho. El proyecto, que comenzó en la primavera de 2024, cuenta con la participación de una docena de vecinos, la mayoría mayores de 65 años. El huerto no solo produce verduras y hortalizas para el consumo local; se ha convertido en un punto de encuentro intergeneracional. Dos de los participantes son menores de 30 años que han pedido información sobre cómo acceder a tierras municipales para iniciar sus propios cultivos.

| Iniciativa | Municipio | Empleos/participantes | Inversión estimada | Año de inicio | |:-----------|:----------|:---------------------|:-------------------|:--------------| | Cooperativa de quesos | Pórtugos | 3 empleos directos | 120.000 € | 2024 | | Rehabilitación de vivienda | Bérchules | 2 residentes nuevos | 88.000 € | 2024 | | Huerto comunitario | Juviles | 12 participantes | 4.500 € | 2024 | | Altas de menores de 35 años | Toda la comarca | 6% del total de altas | — | 2024 |

Estos ejemplos no son la solución al problema estructural de la despoblación, pero demuestran que existen condiciones objetivas para la vida en la Alpujarra. El precio de la vivienda, la calidad ambiental, la seguridad y la cercanía a la costa (a menos de una hora por carretera) son activos que ningún plan institucional ha sabido capitalizar. Los que vuelven no buscan una Arcadia perdida; buscan un lugar donde sus proyectos sean posibles.

La cooperativa de Pórtugos, por ejemplo, ha tenido que sortear la burocracia autonómica durante 14 meses antes de obtener la licencia de actividad. El huerto de Juviles funciona gracias a un acuerdo verbal con el Ayuntamiento, sin ningún tipo de subvención. La pareja de Bérchules ha tenido que financiar la rehabilitación con ahorros propios y un préstamo personal, porque las entidades bancarias no conceden hipotecas en municipios de menos de 500 habitantes. La esperanza, en la Alpujarra, se construye a pesar del sistema, no gracias a él.

El dato del 6% de retorno juvenil, aunque modesto, adquiere relevancia si se compara con la tendencia de la última década. Según las series históricas del padrón, entre 2014 y 2019 el porcentaje de altas de menores de 35 años en la comarca no superaba el 2%. El incremento, aunque insuficiente para compensar las bajas, indica un cambio de tendencia que merece seguimiento. Las razones de este cambio son múltiples: el auge del teletrabajo tras la pandemia, el encarecimiento de la vivienda en las ciudades, y una creciente valoración de la calidad de vida en entornos rurales.

Los que se quedan, por su parte, han dejado de esperar soluciones externas. La cooperativa de Pórtugos nació de una conversación en un bar, no de una convocatoria oficial. El huerto de Juviles se organizó con una llamada telefónica entre vecinos. La casa de Bérchules se compró a través de un anuncio en el tablón del supermercado. La Alpujarra que resiste no espera a que los planes institucionales lleguen al barro; se ha puesto a trabajar con lo que tiene.

Estas historias no aparecerán en los informes oficiales de la Diputación ni en los comunicados de la Junta. Son demasiado pequeñas, demasiado concretas, demasiado humanas. Pero son la única prueba de que la comarca no está muerta, solo dormida. Y mientras haya quien vuelva con una maleta llena de proyectos, quien rehabilité una casa en ruinas, quien plante tomates en una parcela abandonada, la Alpujarra seguirá teniendo futuro. Un futuro pequeño, quizá, pero real.

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